Resumen
Como respuesta al incremento de los episodios de violencia en establecimientos educacionales, el Ejecutivo promovió un proyecto de ley que establecía medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Diversas disposiciones de la iniciativa fueron impugnadas ante el Tribunal Constitucional por un grupo de parlamentarios, dando origen a la sentencia recaída en los roles n.° 17.651-26 y 17.653-26. El fallo acogió los requerimientos y eliminó algunas de las herramientas más relevantes diseñadas por el legislador para enfrentar la violencia escolar.
Referencias
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