Resumen
El presente artículo busca determinar los requisitos necesarios para que el Estado y sus organismos puedan ser demandados ante la jurisdicción de Libre Competencia por contravenir su normativa. Asimismo, intenta determinar en qué casos los particulares que fueran inducidos por la Administración del Estado para contratar en términos contrarios a la libre competencia pueden a su vez ser sancionados por el Tribunal de la Libre Competencia en razón de los actos que hubieren desplegado con concordancia con ésta. Finalmente, se discute el principio de confianza legítima como elemento eximente de responsabilidad para los agentes privados inducidos a actuar contrariando la normativa de libre competencia por el Estado y sus organismos, para reemplazarlo por el concepto de confianza lúcida.
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